NOTA DE PRENSA DEL SBC
EL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ SIGUE DESPILFARRANDO EL DINERO PÚBLICO.
Desde el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) queremos denunciar el despilfarro de dinero público, que el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) viene cometiendo de forma rutinaria, con los costes de juicios indefendibles, como queda demostrado en este último caso, en el que los dirigentes de este ente público decidieron no pagar las nóminas a una parte de la plantilla de funcionarios.
En Abril de 2014 el Juzgado Núm 4 De lo Contencioso Administrativo de Cádiz, sentencia 106/2014, daba la razón a los Bomberos de Jerez. Recordamos que en el año 2012 afiliados del SBC a través de nuestra asesoría jurídica, asesoría financiada exclusivamente por las cuotas de nuestros afiliados, denunciaron el asunto del impago de sus nóminas y el Juez declaraba, en VIA DE HECHO, las acciones del Presidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC), Fernando García (PP), por ir en contra de los derechos fundamentales de los funcionarios del parque de Jerez.
En vez de reconocer su error, volvió de nuevo a la carga y apeló la decisión del Juzgado.
Pues bien, el pasado 15 de Mayo de 2015 nos han notificado la Sentencia 54/2015 dictada por el TSJ de Sevilla, denegando el recurso de Apelación presentado por el Consorcio y ya no caben más recursos.
Los jueces del TSJA confirman que la decisión del presidente del Consorcio de no abonar las nóminas a los Bomberos del parque de Jerez fue ilegal.
Así pues queda claro que no puede haber discriminaciones respecto al pago de nuestras nóminas, lo que podemos hacer extensible al ámbito de nuestras funciones ya que somos funcionarios de un mismo ente. Que tomen nota los actuales y próximos responsables del CBPC de que los Bomberos no somos moneda de cambio ni herramienta de presión para los asuntos políticos de nadie.
En la sentencia se condena al Consorcio a pago de las costas. Esto significa que los contribuyentes gaditanos volverán a desembolsar dinero de sus bolsillos para pagar por una mala gestión y falta de diálogo de la dirección del CBPC. Desconocemos lo que pensará el abogado corsario del servicio jurídico externo del Consorcio, que por cierto cobra 20.000€ al año, minuta aparte. Seguramente no le habrá parecido ninguna pérdida de tiempo y menos de dinero, la dilatación en el tiempo de este proceso judicial que arrancó en el otoño de 2012.
